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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark

La plaza de General Pacheco es un punto de encuentro familiar el fin de semana. Se encuentra en un barrio de casas bajas, en el centro de la localidad tigrense, muy cercana a la entrada a los barrios privados, a dos cuadras del hospital, y a la vuelta de la comisaría. 

Hay juegos con hamacas y toboganes de colores; una calesita y pérgolas de madera pobladas de enredaderas. Algunas mesitas y bancos de cemento pintados de verde gastado sirven de pizarra para quienes tienen algo que decir: “Muerte al sistema” resalta en rojo sobre una de ellas.

La temperatura baja de golpe y el cielo se cubre. El viento empieza a molestar pero las familias siguen tomando mate en el pasto. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de un show que se armó en el centro de la plaza; del otro lado, Marisa y Facundo, madre y padre de Luna Ortiz, joven asesinada en 2017 en esa localidad, esperan a más familias. 

Acompañada por dos personas llega Lisette, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, asesinadas hace casi una década. Dejan el parlante con el micrófono al lado de la mesa, sacan el mate y un paquete de bizcochos. Los saludos y abrazos de encuentro son apretados y duran varios segundos. 

Marisa y Facundo despliegan un folio viejo sobre la mesa donde cargan ocho pancartas con distintas fotos y descripciones. La que primero se ve anuncia: “Viviana Altamirano, desaparecida el 28/04/04 en Generál Pacheco, Tigre”. 

Fany llega con una bolsa de paltas que trajo de su árbol, las reparte y se sienta. Es la madre de Valeria López, desaparecida desde hace dos años. Todavía la busca: por eso, abre su cartera y saca los volantes con la cara de su hija. 

Ahora sí, las tres familias sentadas en la plaza de Pacheco muestran con sus historias una máquina que se repite, un sistema de violencias hacia mujeres y niñas, sin pausa, desde hace décadas. 

Y que, además de la impunidad, tiene un territorio común: la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Una radio abierta para difundir todo lo que no se dice.

Causas partidas

El 2 de junio de 2017 fue la última vez que Marisa Rodriguez vio a su hija, Luna Ortiz, con vida; por eso ahora, sentada en la plaza, acaricia su foto en el cartel que lleva en sus manos. Luna tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. 

Breve racconto: Isaías Villarreal la contactó a través de las redes sociales, y la llevó a su casa, donde la esperaba con dos hombres más; ahí la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. El 3 de junio, fecha que repite cada año la salida masiva a las calles para exigir el fin de la violencia, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa de Villarreal. 

“Desde un principio salimos a la calle”, dice Marisa, su mamá. La reacción fue rápida y motivada por lo que encontraban del otro lado: “Todas negativas, siempre, por parte del Poder Judicial”. Esas negativas iban (y van) desde lo más pequeño como: no darles fotocopias de las causas; hasta lo más estructural: fragmentar la investigación de la muerte de Luna en distintas causas y no en una sola. 

Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio- como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Por ello se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Así, este año, Villareal consiguió la excarcelación. “Dejaron en libertad al único asesino”, resume Marisa. 

Además está la causa por abuso, que se abrió durante el juicio: “En esa causa nos cuestionan a nosotros como padres, nos quieren culpar por lo que le pasó a Luna”. Una tercera causa, que investiga una posible vinculación con trata de personas, fue archivada. “Fue la que primero archivaron y nunca nos dejaron como familia ser parte. Nos enteramos porque fuimos a la Fiscalía de Tigre y vimos el adjunto que decía trata de personas, pero no pudimos ver el contenido”. ¿Imaginan por qué? “Complicidad”, contesta Marisa. 

Marisa resume lo común entre las tres causas: “La investigaron más a Luna que a nadie; pusieron fotos intentando demostrar que ella era una ‘ buscona’ que le pasó lo que le pasó porque era atrevida… pasa con todas las causas: responsabilizan a las mujeres. Desde el principio nos costó acceder al expediente; tuvimos que hacer una marcha para que nos lo den porque decían que se cortaba la luz, o que no tenían papel. Así, todo el tiempo”.

Recientemente Marisa y Facundo Ortiz, papá de Luna, se reunieron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, que se comprometieron a formar “una mesa de trabajo”; iniciativa que deja Marisa con sabor amargo: “Deberían tener injerencia o por lo menos acompañarnos en los procesos. Dan muchas vueltas mientras como familiares andamos con las causas a cuestas”. 

La dimensión de la lucha que las familias dan cada día se evidencia en una de las últimas situaciones que tuvo que soportar la familia de Luna: en la última movilización al tribunal de San Isidro el juez Alejandro Lagos los convocó a hablar. Lagos compone el TOC 7 junto a Gustavo Gaig y María Coelho, tribunal que le otorgó la excarcelación a Villarreal. ¿Qué les dijo? “Que no nos podía ayudar en nada, que ellos no son responsables, que los responsables son los que cambiaron la carátula. Y dijo que no tenía conocimiento de la causa y que sólo adhirió a la decisión. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Marisa. Y remata: “Cuando salimos de ahí el juez Lagos nos hizo una denuncia por amenazas: fue una jugada para intentar hacernos callar”. 

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
La foto de Valeria López, desaparecida.

La conexión narco

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y otra vez volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante Pato Cenizo, en la zona conocido por su relación con el narcotráfico. 

Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada. Ella y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. La investigación de la muerte de Micaela estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio.

Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, un año después también torturaron y asesinaron a su madre, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. Fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años. 

La hermana de Micaela, Lisette Fernández, tomó el reclamo de justicia cuando cumplió la mayoría de edad. Tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Con el ceño fruncido detrás de los anteojos sostiene con fuerza sus fotos y cuenta que desde el inicio los procedimientos se hicieron mal, con los policías a quienes denuncia siendo parte. 

Las falsas carátulas con las que las causas son investigadas son otra de las maniobras utilizadas en el entramado de impunidad. A fines de 2020, en una marcha a la Fiscalía de Pacheco para reclamar que se investigue, la familia de Nancy se enteró de que la causa por su femicidio había sido trasladada a la Fiscalía de Munro. 

A pesar del cambio sin aviso de distrito, la causa tampocó avanzó. “Fue difícil llegar hasta acá. Me acuerdo que hasta tuvimos que hacer una movilización para que la fiscal me entregara el expediente de mi mamá”, dice su hija. Acompañarse y movilizar son algunas de las estrategias que junto a otras familias de víctimas sostienen para obtener respuestas. “Nos quieren cansar” repite Lisette: “Pero yo ya no tengo miedo”.

Cuando consiguió el expediente y reactivar la causa de su madre, nueve años después logró también reabrir la causa de su hermana, hasta entonces archivada, que sigue caratulada como suicidio. “Todo fueron trabas”. Y relata que las excusas de la fiscal para no entregar el expediente iban desde “no tengo quien saque fotocopias” hasta “no hay luz”. Al igual que en el caso de Luna Ortiz, la metodología de destrato y violencia se repite. 

Culpar a la víctima

Valeria López salió de su casa un 26 de enero de 2020 y jamás volvió. Iba al cumpleaños de un compañero de trabajo en el lavadero “Bob Esponja”, donde también trabajaba, en la avenida Sobremonte y Gandolfo, en Virreyes. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. Desde ese momento la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó?

La causa se caratuló como “averiguación de paradero” pero su madre, Fany Román, asegura que Valeria no se fue por sus propios medios y que algo le pasó. Sigue exigiendo a la justicia que cambie la carátula a “desaparición forzada”. Cree que su entorno y la pareja que en ese momento tenía están involucrados, pero ni la policía ni la justicia pueden darle alguna respuesta. “Ni una pista, ni una punta tenemos”. El último rastro de Valeria fue captado por una cámara de San Fernando en la madrugada del 27 de enero de 2020 caminando hacia un kiosco con otra mujer. Después de esa imagen, nada más, aun cuando el Municipio se jacta de la cantidad de cámaras de seguridad que tienen: una cada 3.500 habitantes. 

Mientras tanto en la causa se encuentran actas de búsqueda erróneas (ponían mal su nombre) o incompletas, otro dato recurrente en muchos casos que muestran el vicio judicial de entorpecer procesos y reforzar la impunidad. La policía hizo trascender que se la buscaba como “una adicta sin recuperación, sucia y desaliñada”. “A ella la victimizan porque salía por la noche y salía con chicos diferentes”, dice Fanny, que tuvo que organizar una búsqueda por sus propios medios: pidió plata prestada para hacer fotocopias y volantes y salió puerta a puerta. “Sabemos que los vecinos saben algo pero tienen miedo de hablar”.

Durante la pandemia, familiares y amigos de Valeria acompañaron a Fany a la puerta de la Quinta de Olivos a llevarle un pedido al Presidente para que se federalizara la búsqueda. Ese día coincidió con la histórica protesta de la policía bonaerense en la quinta de Olivos por el reclamo salarial. Ahí estaba Juan Villarruel, jefe del Gabinete táctico que en su momento investigaba el caso pero luego fue desplazado. “Él mismo arrancaba los carteles, nos seguía y amenazaba”. Tanto Villarruel como Andrea del Valle Lobo, que era titular de la Comisaría 2ª de San Fernando, primera dependencia en tomar el caso, fueron trasladados. 

La ultima reunión que Fanny tuvo con la policía y su abogada le dijeron que la búsqueda por trata de personas está desvinculada. Se pregunta: “¿Son incompetentes o son cómplices?” y se responde a sí misma: “Las dos cosas”. 

La causa está en la Fiscalía de género de San Isidro y ella también cree que “quieren encajonarla como a todas”. La investigación sigue parada. “Ellos creen que matándonos a todas nos vamos a dejar de mover y no es así: ya no tenemos miedo”.

El sistema

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registra 35 femicidios en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, 8 de ellas menores de edad. La más chica, Paloma, tenía un año, hija de Sabrina Cernnamo, también asesinada; y la más grande, Ángela Nuccio, 90 años. 

Si el zoom se amplía hacia los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre, el registro histórico arroja 131 femicidios y travesticidios; 24, menores de edad. 

El primer femicidio registrado en zona norte es el de una menor. Era Carolina Aló, y tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada en Tigre de 113 puñaladas por quien entonces era su novio: Fabián Tablado. 

En los 90 el femicidio de Carolina Aló se convirtió en un caso emblemático que movilizó y conmovió a toda la sociedad, una joven asesinada atrozmente por su novio. 

Hoy, en ese mismo territorio, las historias de las mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas se tejen en una trama compleja de complicidades territoriales y estatales, mucho más allá del ámbito doméstico. 

¿Qué pasó en estos años? 

La experiencia de estas familias arroja una serie de pistas sobre el rol del Estado, fundamentalmente de la policía y la justicia, en la compleja trama que hoy envuelve estos crímenes.

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La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

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Este domingo 12 de mayo falleció Andrea Amarante (42 años), con el cuerpo quemado en un 75%. Era la tercera de las víctimas del incendio provocado en Barracas, Buenos Aires, hace una semana. El domingo pasado Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de un hotel de la calle Olavarría al 1600 donde vivían cuatro mujeres, vecinas suyas. Pamela Cobas, 52 años, murió el lunes. El miércoles falleció Mercedes Roxana Figueroa (52) y Andrea hoy. Sofía continúa internada. Barrientos intentó suicidarse cortándose el cuello con una sierra: también fue internado pero apenas le dieron el alta quedó detenido. Lavaca estuvo en el lugar tratando de reconstruir lo que ocurrió. Las voces de los vecinos y vecinas y de la dueña del hotel.

Texto Francisco Pandolfi.

Afuera no quedan rastros de lo que pasó el domingo rozando la medianoche. Ya no hay consigna policial. Ni conmoción ni medios de comunicación.

La puerta de calle –de chapa, bordó, gastada– está cerrada. De un lado, una persiana de metal amarrada entre cables. Del otro, las persianas abiertas de par en par: si no fuera por Juan, el vecino que desde su habitación trabaja arreglando ropa, daría la sensación que este hotel familiar estuviese totalmente abandonado.

Olavarría 1621, Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó parte de la habitación quemada.

Allí Justo Fernando Barrientos, uno de los inquilinos del hotel, prendió fuego la habitación donde vivían dos parejas de mujeres. La investigación judicial reside en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione. Pamela Cobas, de 52 años, falleció por las quemaduras el lunes en el Hospital del Quemado. Mercedes Figueroa murió este miércoles 8 de mayo y Andrea Amarante hoy, una semana después. Sofía, internada en el Penna, está fuera de peligro. Justo Fernando Barrientos intentó suicidarse, lo internaron en el Argerich y luego quedó detenido por la Policía de la Ciudad.

Juan acepta hablar con lavaca. Cuenta que vive en el hotel desde hace 22 años, que siempre la debió remar un montón: muestra los callos de la mano para acreditarlo. Cuenta que vivió un año en el Parque Lezama, que se la rebuscó trabajando toda la vida, que mucho tiempo fue mantero y otras muchas, también, fueron las veces que terminó en un calabozo porque la policía le quería sacar su poca mercadería. Y que cuando no había nada que vender, se tomaba el tren Roca en Constitución, hasta Glew, donde se colgaba de los árboles, cosechaba eucaliptus, laurel y romero, y con ellos hacía ramitos que ofrecía para parar la olla.

Dice que ahora la cosa está muy jodida. Que vende en la feria de la calle Patricios. Que hasta hace una semana pagaba 50 mil pesos la piecita, pero que el viernes pasado le aumentaron a 60 mil. Y está enojado, también, porque el mismísimo lunes, un puñado de horas después del incendio, el yerno de la dueña pasó a cobrar y le pidió 70. “Acá no tenemos agua caliente; me tengo que bañar calentándome una ollita. ¿A vos te parece? Tampoco tenemos luz en los baños ni en la cocina, que son compartidos”.

Juan dice que conocía sólo de vista a las chicas y a Justo Fernando Barrientos; que nunca había escuchado ningún problema, y que estaba durmiendo cuando pasó lo que pasó. Y también me aconseja, cuando lo ve venir a Eduardo: “ahí está el encargado; hablá con él”.

Mientras abre la puerta, Eduardo se presenta como un “changarín” que trabaja como pintor “y de lo que haga falta”. Tiene 59 años bien disimulados y vive en el hotel desde el 2016, a cambio de la limpieza y la mantención del lugar. “Estamos muy mal económicamente; los precios en el supermercado no bajan y hay que dejar de comer; o elegir cuándo hacerlo. ¡Andá a comprar un litro de aceite hoy! Para vivir hay que gastar diez lucas por día, ¿y quién tiene esa plata?”.

Contextualiza la trama social del hotel: “Lo habita gente trabajadora y también que está en la indigencia; que vivía en la calle y se viene acá porque no es un alquiler caro. Por esta zona hay cada vez más gente en situación de calle, porque no hay laburo”. Sigue: “Todo se está poniendo más bravo. Lo veo en mí y en el resto: para que alcance, hay que levantarse más temprano y volver más tarde de hacer changas. En el hotel somos todos pobres, y ni trabajando a full llegás a fin de mes. Está jodida la vida”.

¿Percibís una relación entre el crimen y el contexto? “Sí, claro. La violencia sucede a raíz de lo que nos pasa a nivel social. Trae un montón de problemas el cómo vivimos. Este es un barrio tranquilo, este hotel es un lugar tranquilo para dormir, aunque ahora aparecen un montón de notas diciendo mentiras sobre lo que pasaba acá adentro”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

El baño al que llevaron a las chicas quemadas: “Se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

¿Por qué Justo Fernando Barrientos hizo lo que hizo? “Yo no sé lo que pasó. Nunca había escuchado una discusión entre ellos. Con él y las chicas mi relación era hola y chau. A él siempre lo veíamos andar en bicicleta, y hace dos o tres meses me llamó la atención que no la tenía y entonces le pregunté; me dijo que estaba mal porque se la habían robado en Pompeya. Hace changas, creo que es plomero”.

Se abre la puerta y María Rosa, la dueña del hotel, está sentada en uno de los escalones por los que se entra. Grita (me grita): “¿Vos querés saber qué pasó? Yo te voy a contar lo que pasó, porque acá todo el mundo viene a preguntar, pero nadie viene a traer soluciones”. María Rosa tiene 89 años, un crucifijo enorme en el pecho y la tonada gallega. “Hasta me hicieron una denuncia ahora, ¿vos podés creer? Algunos me deben 7, 8 meses de alquiler y encima me denuncian a mí, diciendo que no andaban los matafuegos cuando tengo todo en regla. Eso me tenés que venir a preguntar, que tuve que comprar unos materiales y ni le pude pagar a la señora de la ferretería, que me conoce y me fío; que estoy esperando que me paguen un alquiler y con eso pagarle al plomero que está haciendo arreglos”.

Después del inicio catártico, pregunta qué medio de comunicación es el que ahora está sentado a su lado. Y asegura: “Yo le digo toda la verdad. Hay que ver más allá del incendio; lo que pasó fue una desgracia. Porque yo le voy a decir una cosa, las dos chicas…”. La charla se interrumpe. Y María Rosa empieza a darle explicaciones, sin que se las pida, a la señora rubia que acaba de pararse frente a ella. “Ya estoy arreglándolo doñita, ¿le cayó agua?”. La mujer, de cuarentilargos o cincuentipocos, le responde con respeto, como si acabara de tomarse un sedante, o de apretar el freno de mano, para no mandarla a la mierda:

–No, no. Hace más de un mes que cae agua, pero cada vez más. Había una grieta, y después se hizo otra.

–Ahí está el plomero, ¿quiere ir a ver? Suba, suba pa’ que vea.

–No, no, yo quiero que lo resuelva, porque ya se me arruinó la cocina y me está arruinando todo.

–Lo que pasa es que la gente no me paga. Estoy cobrando 50 mil pesos y la gente no me paga. Me deben 7, 8, 9 meses, no puedo hacer milagros porque tengo que pagar la luz, el gas y el agua, porque si no me cortan y hay gente que sí paga.

–Yo sé que esta semana es complicada por lo que pasó, que por ahí no es momento, pero yo quiero que entienda una cosa: usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, y a mí se me está viniendo la casa abajo en aspectos que no son de mi injerencia, que no los puedo arreglar porque están dentro de su casa.

–Sí doña, lo sé; ya lo están arreglando. Entiéndame, doña; no hay plata, la gente no me paga.

La “doña” se va y María Rosa continúa su relato: “Decía que las chicas nunca tuvieron ningún problema, que ellas me pagaban siempre; y el hombre lo mismo, cumplía todos los meses”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó la habitación tras el incendio.

¿Qué pasó la madrugada del lunes? “Yo muy bien no sé; conmigo se comportaban siempre de manera normal, el señor y las chicas. Nunca tuve un problema, nunca. Ni un sí ni un no. Lo que sé es que las chicas dormían de día y de noche estaban levantadas; entonces si usted trabaja de día y quiere dormir de noche, hasta los pasos se sienten, y eso es lo que pasó. En los hoteles pasa esto, se habla fuerte y el hombre se habrá cansado de eso. Se ve que tiró algo inflamable y ahí prendió fuego”.

María Rosa llegó al país a sus 19 años de las Islas Canarias, tiene 4 hijos y hace cuatro décadas compró este hotel “con sangre”, porque el crédito que sacó “tenía unos intereses impagables”. Asocia: “Como los créditos UVA de hoy”. También comenta que las últimas horas estuvo yendo de hospital a hospital para ver a las chicas y al hombre. Cuando le menciono que Pamela murió (hasta el momento de la charla era la única fallecida), que Justo Barrientos la asesinó, me dice que no. Que no puede ser. Pero fue.

En el libro de actas del hotel estaban registradas dos de las cuatro mujeres: Pamela y Mercedes. La dueña sabía que se habían sumado otras dos hacía algunos meses, pero como vivían lejos les daba “lástima” decirles que se fueran. En el registro interno del hotel figura que Justo Fernando Barrientos tiene 72 años.

María Rosa retoma la catarsis: “Acá hay 20 piezas divididas en tres pisos y hasta hace una semana cobraba 50 mil pesos cada una; están todas llenas, algunos me pagan por mes, otros por día. ¿Qué hago yo con esa plata? Este mes lo tuve que aumentar a 60 mil. O sea, 2 mil por día. ¿A usted le parece? Un litro de vino vale eso; un sachet de leche vale eso. ¿Estoy cobrando mucho? Y subí porque este mes vino muy cara la luz, el agua, el gas. ¡Más de 200 mil tengo que pagar de cada impuesto! Si antes pagaba un peso, ahora pago 6; es una barbaridad”.

Se explaya sobre el crimen: “Fue un momento de calentura. ¿No vio lo que pasa en los matrimonios? ¿Y cómo matan a los chicos? Es un momento donde la gente se aparta de Dios y el diablo la toma. Yo creo que pasó eso”. ¿Alguna vez Justo Fernando Barrientos le hizo algún comentario en contra de las chicas? “No, y eso que yo hablaba con él. Él vive en el hotel desde hace seis años; las chicas hace dos. Este lugar es tranquilo; fíjese, escuche; no se siente nada; pero bueno, se ve que de noche había ruido, aunque él nunca me dijo nada”.

¿Alguna vez escuchó que en el hotel discriminaran a las chicas porque eran pareja?

“No, no. Cada una hace de su cuerpo lo que quiere. Mire usted que hasta el Papa lo acepta”. Luego sugiere: “Tenés que hablar con Don Miguel, él fue quien las ayudó a las chicas, que las llevó al baño cuando se incendió la pieza”.

Miguel está en su habitación del primer piso, donde también vivían las chicas y Justo Fernando Barrientos. Miguel lleva puesta una camiseta de fútbol de la Juventus, de Italia. Pide no grabar la conversación y luego va a requerir, acentuando la voz, que esta nota refleje las palabras tal cual las dice. “Yo hablé en una nota televisiva y dije que ellas eran conflictivas y me empezaron a criticar, pero me sacaron de contexto; quise decir que discutían entre ellas. Yo sé que al decir esto van a decir que soy un machirulo. Fernando (lo llama por su segundo nombre) era un tipo que no hablaba con nadie, era educado. Ellas tenían una vida diferente; hacían ruido de noche y llegó un momento que el hombre explotó. No es justificable todo lo que hizo, no tiene perdón de Dios, pero explotó; le agarró un brote psicótico”.

Reitera: “Te pido que lo pongas como yo te lo digo”.

Y arranca su relato: “Eran como las doce y pico de la noche, estaba acostado y sentí como si hubiera explotado una pyrex. Empezamos a escuchar gritos. Para ese momento, Fernando ya había tirado lo que aparentemente fue una especie de bomba; tiró alcohol y salieron las dos chicas quemadas, gritando; con dos vecinos de arriba intentamos apagar el fuego, ayudarlas; las chicas fueron al baño, se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

Sigue: “Este hombre subió arriba, con una sierra y se cortó el cuello. Después vinieron los bomberos, la policía y el SAME. Eso es lo que ocurrió, nada más”.

Para usted ¿fue un crimen de odio por la orientación sexual de las chicas?

–No sé el pensamiento de Fernando al respecto.

–¿Alguna vez había tenido un brote similar al que describe?

–No. Que quede claro que no lo justifico: es atroz lo que hizo. Jamás… creo, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la cabeza de uno, me podría pasar a mí. Es una locura lo que ha pasado.

Miguel, que vive en el hotel desde hace 12 años, dice: “acá vive gente trabajadora” y señala con las manos a distintas piezas: “Jubilado; jubilado; jubilado (se señala); ese muchacho hace delivery; jubilado; ese es vendedor ambulante; jubilado; ese muchacho no sé a qué se dedica; el que entró recién acaba de volver de trabajar y se fue a las 6 de la mañana. Yo soy jubilado, pero tengo que seguir laburando: me levanto a las 4 de la madrugada porque a las 6 empiezo a preparar los paquetes que entrego en el correo”.

Afuera, en la puerta de entrada, no quedan rastros de lo que pasó, pero adentro hay un montón. No sólo en la pieza de las chicas, donde la ropa está apilada en el piso; mojada; quemada. También hay rastros en el estado general de este hotel de paredes descascaradas, de olor a humedad, de servicios básicos que escasean, de márgenes en el centro de un barrio que desde hace años es imán para inversores de proyectos inmobiliarios.

A las certezas de que Pamela, Mercedes y Andrea fueron asesinadas y de que Justo Fernando Barrientos fue quien las mató, le sigue una catarata de dudas: ¿Cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas complejidades atraviesan al crimen? ¿Qué nos dice esta mansión deteriorada de Barracas, además de decirnos que ellas ya no nos podrán decir? Miguel cree que para entender lo que pasó no alcanza con mirar el horror de esta pieza. Después de aclarar por enésima vez que ponga todo tal cual lo dijo, cierra: “Somos un país sin esperanza, somos una sociedad enferma”.

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102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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